El anuncio del Banco Gubernamental de Fomento sobre la reducción del Índice de Actividad Económica no ha sorprendido a nadie. Se trata, en primer lugar, de la constatación de lo que se percibe en la calle, y en todo caso, de la única consecuencia posible del envejecimiento de un sistema político basado en la dependencia.
Ante esto, el gobierno ha adoptado una peligrosa actitud e negación.
En la defensa de la medida para transferir más dinero del IVU a COFINA con el fin de viabilizar una nueva emisión de bonos, todos los funcionarios del estado –así como los legisladores de mayoría—insistieron en minimizar la gravedad de la situación fiscal, y en catalogar la medida como un mero ajuste procesal a la manera en que se cumplirán las obligaciones gubernamentales.
Lo cierto es que ese redirigir de los fondos del IVU es el testimonio más elocuente del fracaso de las medidas que se habían anunciado como la salvación del país: Ley de Empleos Ahora, reforma del Sistema de Retiro, la imposición de la patente nacional, y el aumento en tarifas de la AAA.
Para algunos, la respuesta fácil es la reducción de gastos del gobierno. Esa reacción, sin embargo, desconoce el que los países pobres son los que requieren de un mayor aparato gubernamental, ya que la pobreza ciudadana obliga a la provisión de más servicios por el Estado, el gobierno emplea a ciudadanos que no encontrarán trabajo en el mercado privado, y la inversión pública actúa como incentivo para el sector privado.
Una reducción en el gasto gubernamental agravaría la recesión y podría crear una espiral de caída en la actividad económica.
Para alejarnos de la trampa fiscal a la que nos asomamos, urgen iniciativas dirigidas a estimular el desarrollo y a reducir el desempleo; sólo así se podría ampliar la base fiscal. Para hacer esto el gobierno debe ser más agresivo en la utilización del Banco de Desarrollo Económico y la Compañía de Fomento para crear nuevas empresas agrícolas y manufactureras que identifiquen nichos en los mercados internacionales y en la sustitución de importaciones que las hagan viables.
Esto requiere confrontar las limitaciones que el Gobierno Federal nos impone por virtud de la subordinación política a la que nos condena el ELA, y que nos coloca en clara desventaja frente las repúblicas caribeñas y latinoamericanas, que disfrutando de acceso libre al mercado estadounidense, tienen además los instrumentos para tomar las decisiones que les convienen.
